"Es abominable": Piden al Gobierno de Canarias que rompa los contratos con la Fundación Siglo XXI

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) estrecha el cerco sobre el supuesto desvío de fondos europeos que debían ser destinados a la atención y acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias, en las islas de Lanzarote y Gran Canaria. Cuatro directores de centros gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y un empresario inmobiliario han resultado imputados por blanqueo de capitales al presuntamente compincharse para usar en beneficio propio hasta 2,4 millones de euros según informó la Policía Nacional este fin de semana. Fue un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España el que alertó en 2022 de "multitud de operaciones bancarias injustificadas y extrañas" vinculadas a los responsables.

A partir de ahí, con una querella presentada por la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas, se inició la 'Operación Tabaiba'. El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria asumió la instrucción de las actuaciones y ya en febrero de este año la dirección pasó a manos de la Fiscalía Europea. Tres años de investigación después, la Policía Nacional concluye que de un total de 1,6 millones de euros que la Fundación recibió durante la etapa del 'Pacto de las Flores' en el Gobierno de Canarias, hasta 1,1 millones se extrajeron en efectivo mediante reintegros fraccionados. El cuerpo ha detectado transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares y gastos personales (como operaciones estéticas, vacaciones, gasolina o comidas en restaurantes) cargados a las cuentas de los centros.

"Hay que celebrar que por fin alguien esté cogiendo el toro por los cuernos y velando por los dos intereses que hay sobre la mesa: el dinero de todos y los derechos de los niños", ha señalado en la SER el abogado experto en migraciones Daniel Arencibia. A su juicio, la administración pública ha fallado en las islas por la falta de previsión de mecanismos de fiscalización. "Es razonable" que se externalice la atención mediante entidades dada la magnitud de la crisis de los menores desatada en Canarias en los últimos años, opina, pero a su vez "lo que se multiplican son nuestras obligaciones de supervisión".