La OPA del BBVA al Sabadell y la polémica del Gobierno con la UCO

Con Antón Losada, Mariola Urrea y Josep Ramoneda. La PAU, la prueba de acceso a la universidad, comienza mañana en casi todas las comunidades autónomas, salvo Catalunya y Canarias. Dicen los profesores, dicen los correctores, que estamos ante la selectividad más complicada de los últimos años . El Tribunal Constitucional avalará la Ley de Amnistía sobre el procés. La propuesta de sentencia, se debatirá a partir del 24 de junio, tras el recurso del Partido Popular, y ya respalda el fondo de la norma, aunque rechaza algunos puntos menores. Esta semana política tiene en el horizonte la manifestación que Feijóo y el PP han convocado para el próximo domingo contra Pedro Sánchez y su Gobierno.

La justicia estadounidense ha restaurado la vigencia de los aranceles que ni 24 horas antes el Tribunal de Comercio Internacional había suspendido porque considera la medida "inconstitucional". Otra decisión judicial en EEUU, un juez tumba la decisión de Trump de congelar las matriculaciones de los estudiantes extranjeros en Harvard. El PP convoca manifestación ante la imposibilidad de sacar adelante la moción de censura y con ayuso criticando a la justica con el mismo argumentario del PSOE. Los socialistas confían en contener la presión de los socios. La Justicia procesa a González Amador por fraude fiscal y falsedad documental. 

Con Víctor Lapuente, Estefanía Molina y Nacho Corredor. Cuatro mujeres y tres menores de edad murieron ayer al volcar un cayuco en el puerto de la Restinga, en la isla de El Hierro. Salvamento Marítimo había acompañado al barco, con más de 150 personas a bordo, hasta el muelle pero al intentar desembarcar la nave se escoró y se dio la vuelta. El representante palestino ante la ONU reclama llorando en la Asamblea que se detenga la masacre en Gaza. Mientras, el caótico reparto de comida sigue provocando muertos. El PSOE abre expediente informativo a Leire Díez, la militante implicada en conversaciones con empresarios y comandantes de la  Guardia Civil a los que ofrecía tratos de favor del estado a cambio de información para dañar a la UCO. El Partido Socialista descarta por el momento imponer medidas cautelares.