Hoy en EL PAÍS

El miércoles 23 de septiembre la policía ejecutó por orden judicial el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la casa de Madrid en la que había vivido durante casi toda su vida pagando un alquiler asequible. En España se llevan a cabo decenas de miles de desahucios cada año, pero este ha sido diferente. Las movilizaciones contra la empresa que la desalojaba, Urbagestión, y contra las leyes y administraciones que los amparaban se desataron por España, con mucha fuerza en una acampada en la Puerta del Sol que recuerda al 15-M. El Gobierno, en una situación muy delicada encarando el final de la legislatura, se apresuró en menos de una semana a acordar dos reales decretos-ley con medidas urgentes para abordar la crisis de vivienda. Este viernes se votan en el Congreso. La aritmética parlamentaria, de nuevo, ha quedado en manos de Junts, que ha anunciado que los rechazarán. Y sin ellos, no saldrán adelante. Con información de Paula Chouza, periodista de EL PAÍS que sigue la información de Sumar; Carlos E. Cué, que sigue la información del Gobierno; y Xosé Hermida, corresponsal parlamentario en el Congreso de los Diputados. CRÉDITOS: Realiza: Belén Remacha  Diseño de sonido: Oskar Bogdanowicz Presenta: Ana Fuentes Dirige: Ana Alonso Coordina: José Juan Morales Sintonía: Jorge Magaz

El Gobierno lleva este viernes al Congreso dos nuevos decretos de vivienda que pretenden, entre otras cosas, poner límites a determinadas operaciones de los llamados “fondos buitre”. Pero hay un problema de partida: “fondo buitre” no es una categoría jurídica y ni siquiera está claro qué empresas deben quedar incluidas bajo esa etiqueta. Con Belén Carreño, periodista de Economía de EL PAÍS, explicamos cómo operan estos inversores en España y por qué muchas veces resulta difícil seguir el rastro de su actividad: grandes fondos internacionales, sociedades locales, gestoras y otras estructuras que forman una cadena cada vez más compleja. Y analizamos hasta qué punto su presencia en el mercado inmobiliario influye en la crisis de vivienda frente a otros grandes propietarios e inversores. El episodio examina también qué pueden cambiar realmente los nuevos decretos: el límite del 70% del valor de tasación para determinadas compras, qué entiende el Gobierno por operaciones especulativas, las excepciones que contempla la norma y las dificultades para hacerla cumplir. CRÉDITOS: Realiza: Elena Pampliega Diseño de sonido: Nacho Taboada Presenta: Ana Fuentes Dirige: Ana Alonso Coordina: José Juan Morales Sintonía: Jorge Magaz

Bomberxs contra los Desahucios denuncia que los bomberos que acuden a un desahucio no siempre saben de antemano que van a intervenir en un lanzamiento. Según el informe Tensar la línea del rescate publicado por el Centro Sira, el 70,8% de los profesionales que han participado en uno asegura que desconocía previamente que el aviso estaba relacionado con un desahucio. Su reivindicación no pasa por la objeción de conciencia, sino por pedir que no se les movilice para actuaciones que consideran ajenas a las competencias del cuerpo. En Samur Social, el conflicto surge cuando los trabajadores acuden a un lanzamiento y la alternativa habitacional disponible no responde a las necesidades de la familia. Entre esos recursos está Las Caracolas, en Vallecas, un centro de emergencia temporal con 300 plazas distribuidas en construcciones prefabricadas. Es decir, ofrece un techo y cubre las necesidades básicas, pero no supone una solución residencial estable para una familia que acaba de perder su vivienda. El Samur Social es, además, el único servicio municipal de emergencias de Madrid que sigue mayoritariamente externalizado a empresas privadas. Sus trabajadores denuncian condiciones laborales precarias, una circunstancia que también condiciona su posición cuando se enfrentan a situaciones como un desahucio y cuestionan una intervención con la que no están de acuerdo.

El nuevo decreto de vivienda llega al Consejo de Ministros después de meses de negociaciones y con el desahucio de Maricarmen convertido en símbolo de una crisis que ha vuelto a tensar al Gobierno y a sus socios. El texto pone sobre la mesa medidas para proteger a los inquilinos, limitar determinadas prácticas de los grandes propietarios y regular los alquileres de temporada y por habitaciones, pero las medidas siguen pendientes de acuerdo. La negociación enfrenta posiciones muy distintas. El principal choque está entre la protección al pequeño propietario que reclama Junts y la intervención del mercado que defienden Sumar y Podemos, mientras el PSOE intenta encontrar un punto intermedio. El PP rechaza de partida el enfoque por considerarlo intervencionista y Vox sitúa la inmigración en el centro de su diagnóstico sobre la vivienda. Para analizar qué puede incluir el decreto y cuáles son las posiciones de los partidos, hemos recogido el testimonio de personas que participan en la acampada de la Puerta del Sol y del Sindicato de Inquilinas.Y hablamos con nuestros compañeros Daniele Grasso, que ha analizado la concentración de la propiedad de viviendas en manos de empresas; Pablo Sempere, de la sección de Economía de EL PAÍS, que sigue la negociación del Gobierno; y Ángel Munárriz, que explica las diferencias entre el PSOE, Sumar, Podemos y sus socios parlamentarios.

Pablo Escobar, el afamado narcotraficante colombiano, creó en su Hacienda Nápoles, a 150 kilómetros de Medellín, un zoológico privado con rinocerontes, elefantes y otros animales comprados en el mercado ilegal internacional. Entre ellos, cuatro hipopótamos que tras la caída del “patrón” escaparon de la hacienda y empezaron a reproducirse alrededor del río Magdalena, el más grande del país. Ahora hay decenas de comunidades que conviven con esos descendientes. Y con el miedo que generan. “Ese limbo en el que estamos en Colombia es muy peligroso”, dice en este episodio Noor Mahtahni, reportera de América Futura. “Hasta ahora ha habido varios casos de ataques que han dejado con movilidad reducida al menos a dos pescadores, y le han dado un susto a más de uno”. Este mes, la comunidad de Puerto Nare ha ganado una tutela que exige al Estado colombiano controlar a uno de estos especímenes que se pasea por el río que los niños de la vereda deben cruzar cada día para ir a la escuela. Juber Martínez, el abogado a cargo del caso, opina que “las comunidades que sufren estas problemáticas de manera directa tienen más legitimidad para decir qué es lo que quieren. Porque es muy cómodo estar en casa o delante de una pantalla y decir ‘no, es muy bonito el animalito’, ¿no? Decir: ‘No le establezcan medidas letales’, pero se pierde de vista el sufrimiento de la comunidad que está en interacción con ellos". El debate sigue abierto, especialmente después de que Fabio Arjona, ministro de ambiente de De La Espriella, ha dicho que no está a favor de la eutanasia y que estaría dispuesto a crear un “Jurassic Park” de hipopótamos dentro de Colombia.   CRÉDITOS Realiza: Verónica Figueroa Diseño de sonido: Ignacio Taboada Coordina: José Juan Morales Dirige: Ana Alonso   Más información Los hipopótamos de Pablo Escobar, 40 años de un grave problema ambiental Colombia autoriza el uso de la eutanasia para detener la expansión de los hipopótamos de Pablo Escobar Fabio Arjona: “Pensar que Trump va a saquear los recursos de Colombia es parte de la histeria ambiental”

Hace diez años, una entrada de concierto costaba de media en España unos 42 euros. En 2024, el precio se había duplicado hasta los 84. Y para algunos de los grandes fenómenos internacionales, estar dispuesto a pagar ya ni siquiera garantiza poder estar allí: antes hay que superar registros, preventas, códigos y colas virtuales con cientos de miles de personas.  La industria de la música en directo se ha masificado y giras como las de Bad Bunny, Taylor Swift, Shakira u Oasis convierten cada concierto en un evento que va mucho más allá de la música y que, con el impulso de las redes sociales, ha cambiado nuestra forma de vivirla. Ya no solo pagamos por escuchar a un artista: pagamos por el espectáculo, por la experiencia y por poder decir que estuvimos allí. En este episodio de Hoy en EL PAÍS analizamos cómo hemos llegado hasta aquí, por qué las entradas son cada vez más caras, y qué ocurre cuando la demanda es tan grande y la oferta cada vez más pequeña y selectiva.    CRÉDITOS: Realiza: Elena Pampliega Diseño de sonido: Nicolás Tsabertidis Presenta: Ana Fuentes Dirige: Ana Alonso Coordina: José Juan Morales Sintonía: Jorge Magaz

Cuatro meses después de que la policía encontrara las joyas en la caja fuerte de su despacho, José Luis Rodríguez Zapatero ha explicado que las piezas más valiosas fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007, cuando era presidente del Gobierno. Es una versión que contradice las primeras explicaciones de su entorno: su entonces portavoz, Luis Arroyo, habló de herencias y regalos valorados en apenas 30.000 o 50.000 euros y llegó a negar expresamente que procedieran de Arabia Saudí.  José Marcos cuenta qué está provocando el caso dentro del PSOE. Ferraz mantiene públicamente su confianza en Zapatero y apela a la presunción de inocencia, pero en privado dirigentes socialistas expresan malestar por sus contradicciones, por haber tardado meses en aclarar el origen de las piezas y por haber aceptado un regalo de ese valor de la monarquía saudí. La última explicación ha abierto además otra discusión incómoda: Zapatero recibió las joyas cuando estaba vigente el Código de Buen Gobierno aprobado por su propio Ejecutivo, que establecía límites a los regalos que podían aceptar los altos cargos.  Natalia Junquera explica qué sabemos de las joyas y qué queda por demostrar. Una tasación judicial las valora en 1,3 millones de euros, aunque Zapatero cuestiona esa cifra, y Arabia Saudí todavía debe corroborar el origen que ahora alega el expresidente. Analizamos también qué dicen los expertos sobre las posibles consecuencias: desde las implicaciones fiscales, que en su caso estarían prescritas, hasta la cuestión de por qué aquellas piezas no fueron entregadas a Patrimonio Nacional, como sí ocurrió con otros regalos recibidos de la monarquía saudí.  CRÉDITOS: Realiza y presenta: Ana Fuentes Dirección: Ana Alonso Coordinación: José Juan Morales Diseño de sonido: Oskar Bodganovicz Sintonía: Jorge Magaz    

Maricarmen Abascal tiene 87 años y llevaba 71 viviendo en el mismo piso del barrio madrileño de Retiro. Este miércoles ha salido de allí en camilla, después de que la Policía ejecutara su desahucio al cuarto intento. Fuera la esperaban cientos de personas. Durante meses, vecinos, activistas y figuras de la cultura se habían movilizado para impedir que perdiera una casa que forma parte de toda su vida.El origen del conflicto está en un contrato de renta antigua firmado por su padre en 1956. Después pasó a su madre y, tras la muerte de esta, a Maricarmen. Durante años siguió pagando el alquiler, pero la actual propietaria, la empresa Urbagestión, reclamó la extinción del contrato por tratarse de una segunda subrogación. Maricarmen ganó en primera instancia, pero la Audiencia Provincial revocó aquella sentencia y el Tribunal Supremo terminó dando la razón a la propiedad. Este desahucio ha provocado una gran movilización tanto en el ámbito político como entre la sociedad. Miles de personas han llenado las calles de Madrid en una manifestación espontánea que comenzó frente al ático que compró la Comunidad de Madrid en Chamberí. La protesta ha congregado a 10.000 personas según la Delegación del Gobierno.Con Lucía Franco, periodista de EL PAÍS que ha seguido el caso y ha hablado varias veces con Maricarmen, reconstruimos cómo se ha llegado hasta aquí. Y con Gorka R. Pérez, periodista especializado en vivienda, analizamos qué dice la ley y por qué las medidas de protección a personas vulnerables no han evitado este lanzamiento. CRÉDITOS: Realizan: Ana Fuentes y Víctor Rojo Presenta: Ana Fuentes Dirección: Ana Alonso Coordinación: José Juan Morales Diseño de sonido: Nacho Taboada Sintonía: Jorge Magaz

El domingo pasado, un grupo de vecinos de Ceuta atacó a pedradas y con huevos un coche porque creía que dentro viajaban miembros de una ONG llegada a la ciudad para ayudar a los migrantes. No era así. El vehículo pertenecía a la diputada ceutí Julia Ferreras, que se identificó mientras sus conciudadanos trataban de abrir el vehículo y rompían una de sus lunas. Algunos siguieron incluso después de saber quién era.El incidente violento resume algo que va mucho más allá de Ceuta. Las ONG, durante décadas asociadas a la ayuda humanitaria, se han convertido en blanco de sospechas, bulos y acusaciones. En la ciudad autónoma reciben críticas a diario acusándolos de favorecer la inmigración irregular, de responder a intereses políticos e incluso de traficar con personas. La enviada especial de EL PAÍS a la ciudad autónoma, Bárbara Ayuso, nos cuenta cómo se ha llegado a un clima en el que voluntarios, activistas y periodistas se sienten señalados. Con Patricia Rodríguez Blanco, de Planeta Futuro, hablamos de cuándo empezó a deteriorarse la confianza en las ONG, quién alimenta ese relato y qué consecuencias está teniendo para un sector que, al mismo tiempo que afronta más emergencias, cuenta con menos recursos y trabaja en entornos cada vez más hostiles. CRÉDITOS: Realiza: Verónica Figueroa Presenta: Ana Fuentes Dirección: Ana Alonso Coordinación: José Juan Morales Diseño de sonido: Nacho Taboada Sintonía: Jorge Magaz

Marruecos celebra elecciones este miércoles con miles de agentes desplegados en la frontera con Ceuta y nuevos llamamientos en redes sociales para intentar cruzarla. Apenas dos meses después de la llegada masiva de decenas de miles de personas a la ciudad española, queremos mirar al otro lado de la verja: qué ambiente se respira en las ciudades del norte, qué ha quedado de las protestas juveniles del año pasado y por qué tantos jóvenes marroquíes sienten que su futuro está fuera del país. Hablamos con Juan Carlos Sanz, corresponsal de EL PAÍS en Rabat, que acaba de recorrer la zona fronteriza, para entender qué se juega Marruecos en estas elecciones y qué relación mantiene esa generación desencantada con las urnas.Escuchamos también al activista y profesor de español Mohamed Zougari, que sostiene que estos comicios son un teatro para aparentar una normalidad democrática. CRÉDITOS: Realizan: Ana Fuentes y Víctor Rojo Presenta: Ana Fuentes Dirección: Ana Alonso Coordinación: José Juan Morales Grabación: Nicolás Tsabertidis Diseño de sonido: Nacho Taboada Sintonía: Jorge Magaz