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El País
El caso de Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño deportado por Estados Unidos a El Salvador a pesar de que una orden judicial prohibía su expulsión, es tan solo un botón de muestra de los horizontes que está dispuesta a alcanzar la política antimigratoria del Gobierno de Donald Trump y, a la par, el ofrecimiento del Gobierno de Nayib Bukele para que su Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y otras cárceles, reciban a presuntos delincuentes o a migrantes deportados desde el país norteamericano, incluso sin que a estos se les haya comprobado algún delito.
Óscar Martínez, jefe de redacción de El Faro y Alejandro Domínguez, quien ha visitado el polémico CECOT de Bukele, conversan con Gabriela Warketin para un episodio especial de Al habla... un episodio tan doloroso como necesario.
“El periodismo es de lo poco que nos queda para salvar la democracia”, una conclusión de lo mucho que ha pasado en México con la elección de jueces, magistrados y ministros el pasado 1 de junio. Entre el periodo de campaña, el día de la elección y los días ulteriores a este ejercicio, se han contado muchas historias.
Las elecciones para renovar el Poder Judicial en México están a punto de concluir. El conteo sigue su paso y la participación en este inédito ejercicio democrático ronda el 13% del padrón electoral. Además de la amplia abstención, la composición que ya se perfila en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y algunas de las irregularidades en este ejercicio dan las primeras impresiones de lo que ha sucedido.
Gabriela Warkentin conversa con el doctor Juan Jesús Garza Onofre, jurista y académico de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y con Carlos Pérez Ricart, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) sobre las implicaciones de la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este 1 de junio de 2025 la población mexicana está llamada a los comicios para renovar a todo el Poder Judicial del país y en 2027 habrá una segunda parte para elegir a jueces locales. Los impulsores de esta reforma argumentan que se trata de un mecanismo para mejorar la impartición de justicia y combatir la corrupción dentro del organismo. A unos días de que se lleve a cabo este inédito suceso, ha habido intentos por parte del Gobierno y de legisladores para impulsar la participación ciudadana en este complejo proceso. El entramado de nombre y cargos que se tienen que elegir no son cosa menor.
