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El País
El Gobierno lleva este viernes al Congreso dos nuevos decretos de vivienda que pretenden, entre otras cosas, poner límites a determinadas operaciones de los llamados “fondos buitre”. Pero hay un problema de partida: “fondo buitre” no es una categoría jurídica y ni siquiera está claro qué empresas deben quedar incluidas bajo esa etiqueta.
Con Belén Carreño, periodista de Economía de EL PAÍS, explicamos cómo operan estos inversores en España y por qué muchas veces resulta difícil seguir el rastro de su actividad: grandes fondos internacionales, sociedades locales, gestoras y otras estructuras que forman una cadena cada vez más compleja. Y analizamos hasta qué punto su presencia en el mercado inmobiliario influye en la crisis de vivienda frente a otros grandes propietarios e inversores.
El episodio examina también qué pueden cambiar realmente los nuevos decretos: el límite del 70% del valor de tasación para determinadas compras, qué entiende el Gobierno por operaciones especulativas, las excepciones que contempla la norma y las dificultades para hacerla cumplir.
CRÉDITOS:
El miércoles 23 de septiembre la policía ejecutó por orden judicial el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la casa de Madrid en la que había vivido durante casi toda su vida pagando un alquiler asequible. En España se llevan a cabo decenas de miles de desahucios cada año, pero este ha sido diferente. Las movilizaciones contra la empresa que la desalojaba, Urbagestión, y contra las leyes y administraciones que los amparaban se desataron por España, con mucha fuerza en una acampada en la Puerta del Sol que recuerda al 15-M. El Gobierno, en una situación muy delicada encarando el final de la legislatura, se apresuró en menos de una semana a acordar dos reales decretos-ley con medidas urgentes para abordar la crisis de vivienda. Este viernes se votan en el Congreso. La aritmética parlamentaria, de nuevo, ha quedado en manos de Junts, que ha anunciado que los rechazarán. Y sin ellos, no saldrán adelante. Con información de Paula Chouza, periodista de EL PAÍS que sigue la información de Sumar; Carlos E. Cué, que sigue la información del Gobierno; y Xosé Hermida, corresponsal parlamentario en el Congreso de los Diputados. CRÉDITOS: Realiza: Belén Remacha Diseño de sonido: Oskar Bogdanowicz Presenta: Ana Fuentes Dirige: Ana Alonso Coordina: José Juan Morales Sintonía: Jorge Magaz
Bomberxs contra los Desahucios denuncia que los bomberos que acuden a un desahucio no siempre saben de antemano que van a intervenir en un lanzamiento. Según el informe Tensar la línea del rescate publicado por el Centro Sira, el 70,8% de los profesionales que han participado en uno asegura que desconocía previamente que el aviso estaba relacionado con un desahucio. Su reivindicación no pasa por la objeción de conciencia, sino por pedir que no se les movilice para actuaciones que consideran ajenas a las competencias del cuerpo. En Samur Social, el conflicto surge cuando los trabajadores acuden a un lanzamiento y la alternativa habitacional disponible no responde a las necesidades de la familia. Entre esos recursos está Las Caracolas, en Vallecas, un centro de emergencia temporal con 300 plazas distribuidas en construcciones prefabricadas. Es decir, ofrece un techo y cubre las necesidades básicas, pero no supone una solución residencial estable para una familia que acaba de perder su vivienda. El Samur Social es, además, el único servicio municipal de emergencias de Madrid que sigue mayoritariamente externalizado a empresas privadas. Sus trabajadores denuncian condiciones laborales precarias, una circunstancia que también condiciona su posición cuando se enfrentan a situaciones como un desahucio y cuestionan una intervención con la que no están de acuerdo.
El nuevo decreto de vivienda llega al Consejo de Ministros después de meses de negociaciones y con el desahucio de Maricarmen convertido en símbolo de una crisis que ha vuelto a tensar al Gobierno y a sus socios. El texto pone sobre la mesa medidas para proteger a los inquilinos, limitar determinadas prácticas de los grandes propietarios y regular los alquileres de temporada y por habitaciones, pero las medidas siguen pendientes de acuerdo. La negociación enfrenta posiciones muy distintas. El principal choque está entre la protección al pequeño propietario que reclama Junts y la intervención del mercado que defienden Sumar y Podemos, mientras el PSOE intenta encontrar un punto intermedio. El PP rechaza de partida el enfoque por considerarlo intervencionista y Vox sitúa la inmigración en el centro de su diagnóstico sobre la vivienda. Para analizar qué puede incluir el decreto y cuáles son las posiciones de los partidos, hemos recogido el testimonio de personas que participan en la acampada de la Puerta del Sol y del Sindicato de Inquilinas.Y hablamos con nuestros compañeros Daniele Grasso, que ha analizado la concentración de la propiedad de viviendas en manos de empresas; Pablo Sempere, de la sección de Economía de EL PAÍS, que sigue la negociación del Gobierno; y Ángel Munárriz, que explica las diferencias entre el PSOE, Sumar, Podemos y sus socios parlamentarios.
