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Hoy los ministros de ciencia y tecnología celebran el anuincio del gobierno sobre la ampliación de las pruebas de talón en recién nacidos, un tema del que nos habíamos ocupado en reuniones anteriores. Jaime García Cantero explica hasta qué punto la IA decide quién debe morir en la guerra de Gaza y Nuño desvela el bien más exportado por Israel: diamantes tallados.
Además, nos cuenta su conversación con el buscador de planetas Igansi Ribas, que acaba de recibir un espaldarazo importante en forma de financiación europea. Y se juega su dedo meñique (el de Ribas, no el de Nuño) a que en cinco años lo habrá encontrado.
Por último, repasamos el desafío que las empresas chinas de coches eléctricos suponen para Tesla. A pesar de lo cual, Elon Musk insiste en subirse el sueldo.
Una deliberación exprés para un juicio inédito al fiscal general del Estado con un final sin precedentes. El Tribunal Supremo quería una decisión muy rápida porque había que zanjar cuanto antes la situación de incertidumbre en la carrera fiscal con un jefe inmerso en un procedimiento penal. Sin embargo, hay varias claves del fallo: no ha habido unanimidad en el Tribunal, cosa que es lo habitual, y se conoce el fallo antes que la argumentación de la sentencia, algo propio del Constitucional, pero no del Supremo.
Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo, pasa por los micrófonos de Hoy por Hoy para hablar del fallo del alto tribunal que condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos en la causa iniciada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Giménez pide esperar a la argumentación de la sentencia, ya que "un fallo no puede evidenciarse en un acto de fe", pero cree que se debería haber tenido más en cuenta el testimonio de los periodistas que exoneraban al fiscal. Además, asegura que la Fiscalía es "el garante del interés público", por lo que debe desmentir bulos acreditados con "datos objetivos".
El abogado del novio de Ayuso les pidió a los magistrados que desoyeran a los periodistas y eso hizo el Tribunal Supremo. Ignora los testimonios de los periodistas por su obligación de proteger a sus fuentes, que aseguraron que vieron el contenido del correo electrónico antes de que llegase al fiscal general del Estado. García Ortiz se enfrenta a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros y deberá indemnizar a González Amador con 10.000 euros. Es una condena inédita en democracia en España y un juicio del que, de momento, solo se conoce el fallo. Para la sentencia, que dividió a la sala con cinco votos a favor y dos en contra, habrá que esperar algunos días. El gobierno acata la decisión pero no la comparte y el PP pide la dimisión del presidente del Gobierno por usar al fiscal como presión política contra Ayuso.
