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Extremadura adelanta las elecciones porque no va a tener presupuestos y Junts le dice a Pedro Sánchez que tampoco tendrá presupuestos ni nada que dependa de Carles Puigdemont, que ayer consumó en Perpinán una ruptura que, en realidad, tampoco va a cambiar mucho las cosas entre Junts y el PSOE. Junts rompe y el gobierno dice que tendrá que ir votación por votación. O sea, como hasta ahora, pero con la diferencia de que ya sabe que no tendrá presupuestos. Valencia se prepara para el funeral de estado que tendrá lugar mañana, al que las víctimas de la Dana no quiere que acuda Mazón, cuya lista de llamadas de aquel día ha reclamado la jueza de Catarroja.
El Gobierno no tiene presupuestos pero ha aprobado la ley de amnistía, las comisiones que Junts ha pedido y ha impulsado el catalán en Europa. Pero los independentistas dicen que esta es la ruptura definitiva de su apoyo a las propuestas del ejecutivo. El Gobierno mantiene aun así su agenda y Sánchez llega a Brasil para participar en la reunión previa a la COP 30. Además, la Audiencia Nacional va a abrir una investigación, como pidió el Supremo, sobre los pagos en efectivo del PSOE a José Luis Ábalos
Tres periodistas que informaron sobre el presunto fraude fiscal de González Amador declararon que recibieron el mail de la confesión del novio de Ayuso antes que el fiscal general del Estado. Uno de ellos, aseguró que fue el 6 de marzo, pero que no pudo publicarlo porque su fuente no se lo autorizó. También declararon quien fue secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, y quien entonces trabajaba en la Moncloa, Pilar Sánchez Acera que dijeron no saber quien filtró el correo. Además, la jueza de la dana llama a declarar al dueño del Ventorro y a varias personas del entorno de Mazón.
Alberto González Amador se presenta como víctima del fiscal General del Estado, a quien acusa de la filtración de los correos en los que su defensa proponía un pacto a la fiscalía. Dice que lo llamaban "delincuente confeso" y que es el culpable de todo lo que le pasa. También declararon otros fiscales, entre ellos, la fiscal de sala, Esmeralda Rasillo, que sostiene que el borrado del móvil del fiscal general es algo habitual.
