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Nadie discute que la democracia tiene que regenerarse y que parte de la ecuación incluye a los medios de comunicación. Una democracia no puede funcionar sin opinión pública informada y eso requiere de medidas legales que la garanticen y las que hay ahora no sirven. Estamos en el siglo XXI y el problema requiere de consensos, no con textos como el que se debatió este miércoles en el Congreso. No es una cuestión de transparencia de la propiedad de los medios, que también, pero tiene que ver con la comercialización del tráfico de datos, de los sesgos algorítmicos, pero especialmente no puede arrancar de una motivación política tan personal que involucre al presidente porque impide la objetividad.
En los tacos hay una línea casi invisible entre el momento de ingenio y la pereza mental, una campechanía que últimamente borra demasiadas fronteras en la vida pública. Mal hacemos si usamos las instituciones para expresar nuestros sentimientos y no para alzar un pensamiento articulado.
La Constitución contempla mecanismos como la moción de censura y la cuestión de confianza para exigir responsabilidad política al Gobierno. Ante el tacticismo de la oposición y la falta de presupuestos, la política española se encuentra cerca del colapso tras la imputación de Rodríguez Zapatero. Por tanto, concluye que sería una irresponsabilidad agotar la actual legislatura.
Xavier Vidal-Folch reflexiona sobre el acuerdo al que han llegado las Comunidades Autónomas con el gobierno de España para poner el marcha el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
