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Nadie discute que la democracia tiene que regenerarse y que parte de la ecuación incluye a los medios de comunicación. Una democracia no puede funcionar sin opinión pública informada y eso requiere de medidas legales que la garanticen y las que hay ahora no sirven. Estamos en el siglo XXI y el problema requiere de consensos, no con textos como el que se debatió este miércoles en el Congreso. No es una cuestión de transparencia de la propiedad de los medios, que también, pero tiene que ver con la comercialización del tráfico de datos, de los sesgos algorítmicos, pero especialmente no puede arrancar de una motivación política tan personal que involucre al presidente porque impide la objetividad.
No era xenofobia, pero durante el procés a no pocos catalanes —de los de ocho apellidos o de los de uno y medio— se nos retiró el carné a todos los que no veíamos clara la propuesta que defendían sus líderes. Entonces el enemigo era el llamado "unionista", el "ñordo" españolista. Ahora es el moro.
El llamado imperio de la ley es frecuentemente invocado por políticos y analistas como antídoto frente a autoritarismos y como garantía última de que las instituciones nos protegen efectivamente. Una organización que abusa de la figura de la acusación popular en nombre de la pulcritud institucional, tiene en realidad la vocación de contaminar el proceso y de borrar la línea entre acusación y culpabilidad. Y es ahí donde el imperio de la ley empieza a operar como una amenaza, no garantiza la inocencia, sino que amplifica la sospecha. A 50 años de la muerte del dictador, el riesgo no está tanto en la emergencia de nuevos regímenes autocráticos como en el de que democracias liberales corrompan la ley hasta que esta se convierta en una amenaza.
Soledad Gallego-Díaz reflexiona sobre los problemas del gobierno para aprobar y discutir en las Cortes Generales los presupuesto generales del Estado de 2026
