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Nadie discute que la democracia tiene que regenerarse y que parte de la ecuación incluye a los medios de comunicación. Una democracia no puede funcionar sin opinión pública informada y eso requiere de medidas legales que la garanticen y las que hay ahora no sirven. Estamos en el siglo XXI y el problema requiere de consensos, no con textos como el que se debatió este miércoles en el Congreso. No es una cuestión de transparencia de la propiedad de los medios, que también, pero tiene que ver con la comercialización del tráfico de datos, de los sesgos algorítmicos, pero especialmente no puede arrancar de una motivación política tan personal que involucre al presidente porque impide la objetividad.
En el siglo XIX, la opinión más extendida afirmaba que España nunca tendría tren. El problema no era solo de geografía, argüían, sino de mentalidad. Es así que llegamos a tener -que tenemos- una de las grandes redes del mundo. No nos han faltado grandes tristezas estos años, pero pocas veces nos han herido tanto como el accidente de Adamuz. Pocas veces como ahora hemos incorporado a nuestra vida los nombres y las historias de las víctimas. Hay que luchar contra el abandono de lo público.
Un siglo imperfecto, pero lleno de virtudes en las que el Derecho internacional ha modulado parte del desarrollo que a los europeos nos ha permitido construir el espacio de derechos y libertades. Si queremos que la diplomacia sea el instrumento de relación entre países, los europeos debemos asumir y los españoles también, que no hay fuerza sin mayor capacidad de seguridad y defensa. La paz en Europa solo será posible si Europa asume su defensa y sin defensa no habrá bienestar posible.
Joaquín Estefanía reflexiona sobre las palabras del primer ministro canadiense, que ha llamado a poner los pies en pared ante el imperialismo de Trump