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Nadie discute que la democracia tiene que regenerarse y que parte de la ecuación incluye a los medios de comunicación. Una democracia no puede funcionar sin opinión pública informada y eso requiere de medidas legales que la garanticen y las que hay ahora no sirven. Estamos en el siglo XXI y el problema requiere de consensos, no con textos como el que se debatió este miércoles en el Congreso. No es una cuestión de transparencia de la propiedad de los medios, que también, pero tiene que ver con la comercialización del tráfico de datos, de los sesgos algorítmicos, pero especialmente no puede arrancar de una motivación política tan personal que involucre al presidente porque impide la objetividad.
Antón Losada cuestiona la calidad moral de España frente a la devolución de migrantes, calificando de hipocresía el argumento de devolverlos a las familias de las que huyen. Además, exige coherencia real con los derechos humanos.
Carlos Sánchez ha criticado la postura restrictiva de Ceuta ante el reparto migratorio, calificando de incomprensible que se obstaculice la acogida solidaria. Sánchez ha recordado que la distribución de 500 menores entre las 50 provincias españolas apenas toca a una decena por territorio. Finalmente, ha censurado la actitud de ciertos líderes, advirtiendo que convertir este volumen de traslados en un problema político dice muy poco en favor de ellos.
Carmen Lumbierres señala que la crisis de Ceuta destapa la dualidad humana entre la solidaridad de quien alimenta al necesitado y la mezquindad de quien lo deshumaniza. Asimismo, denuncia la hipocresía social que criminaliza y etiqueta constantemente de ilegales a los inmigrantes que entran al país. Sin embargo, esa misma sociedad evita señalar ni poner etiquetas a quienes se lucran con su extrema vulnerabilidad alquilándoles trasteros sin luz.
