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Nadie discute que la democracia tiene que regenerarse y que parte de la ecuación incluye a los medios de comunicación. Una democracia no puede funcionar sin opinión pública informada y eso requiere de medidas legales que la garanticen y las que hay ahora no sirven. Estamos en el siglo XXI y el problema requiere de consensos, no con textos como el que se debatió este miércoles en el Congreso. No es una cuestión de transparencia de la propiedad de los medios, que también, pero tiene que ver con la comercialización del tráfico de datos, de los sesgos algorítmicos, pero especialmente no puede arrancar de una motivación política tan personal que involucre al presidente porque impide la objetividad.
Ayer parece que España hubiera ido a renovar sus clichés como quien renueva el DNI. El juez envió a la cárcel a estos dos pillos, los Rinconete y Cortadillo de la gestión pública, y la Guardia Civil saltó la tapia de un monasterio de clausura -el de Belorado- para detener a una monja. Solo faltó que una duquesa se casara con un banderillero.
¿Debe el Gobierno convocar a elecciones? Puede parecer inútil. Al fin y al cabo, es una prerrogativa exclusiva del Presidente del Gobierno, que ya ha advertido en múltiples ocasiones que agotará esta legislatura. Mirar para otro lado, como si nada hubiera sucedido, es un error político. No porque el Gobierno no tenga derecho a seguir gobernando. Sánchez, frente a lo que dice la derecha en sus dos versiones, que cada vez se parecen más, está plenamente legitimado. Por el contrario, es más que probable que el desgaste vaya en aumento en los próximos meses. Lo que indica que alargar esta situación solo puede tener un mayor coste electoral, aunque el tiempo lo dirá.
Joaquín Estefanía reflexiona sobre el impacto que ha tenido la incorporación de la inteligencia artificial en las grandes compañías tecnológicas
