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Nadie discute que la democracia tiene que regenerarse y que parte de la ecuación incluye a los medios de comunicación. Una democracia no puede funcionar sin opinión pública informada y eso requiere de medidas legales que la garanticen y las que hay ahora no sirven. Estamos en el siglo XXI y el problema requiere de consensos, no con textos como el que se debatió este miércoles en el Congreso. No es una cuestión de transparencia de la propiedad de los medios, que también, pero tiene que ver con la comercialización del tráfico de datos, de los sesgos algorítmicos, pero especialmente no puede arrancar de una motivación política tan personal que involucre al presidente porque impide la objetividad.
Si uno tiene hijos, hijas, nietos o abuelas, familiares o ancianos, pensar en la política es pensar en ellos a la hora de votar o de abstenerse. Hay políticas que destruyen la sanidad pública en favor de las empresas privadas y políticas que invierten en los hospitales. Y ocurre lo mismo con la educación, con los derechos laborales y con todo aquello que provoca la desigualdad entre los muy ricos y la gente. Así que pensar en la política no es pensar en los políticos, sino en nuestras familias.
Que la vivienda merece todos los esfuerzos de quienes tienen responsabilidades políticas es uno de los pocos temas sobre los que existe consenso en este país. Resulta muy difícil alinear acuerdos, cuando algunos creen que el problema está en los precios de la vivienda y la escasa oferta de vivienda pública. Mientras que otros, creen que la ocupación es el gran problema al que hay que dar respuesta. La vivienda es una emergencia. Propóngase cuantas soluciones sea necesario. Alcancen los acuerdos necesarios.
Soledad Gallego-Díaz reflexiona sobre la facilidad con la que las grandes empresas tecnológicas contratan a funcionarios que trabajan para la UE
