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Nadie discute que la democracia tiene que regenerarse y que parte de la ecuación incluye a los medios de comunicación. Una democracia no puede funcionar sin opinión pública informada y eso requiere de medidas legales que la garanticen y las que hay ahora no sirven. Estamos en el siglo XXI y el problema requiere de consensos, no con textos como el que se debatió este miércoles en el Congreso. No es una cuestión de transparencia de la propiedad de los medios, que también, pero tiene que ver con la comercialización del tráfico de datos, de los sesgos algorítmicos, pero especialmente no puede arrancar de una motivación política tan personal que involucre al presidente porque impide la objetividad.
Ignasi Guardans advierte sobre el peligro inminente de la situación actual y exige un compromiso firme con la estabilidad social. El analista remarca que el presidente Juan Vivas y el Partido Popular tienen la obligación directa de transmitir calma. Además, lamenta que ciertos sectores políticos evitarán rebajar la tensión, aumentando el riesgo de descontrol.
Ignacio Urquizu advierte que la adicción a las plataformas digitales no es un problema exclusivo de los menores de edad y anticipa un debate judicial futuro sobre el impacto en los adultos. Tras reflexionar sobre su propio comportamiento digital, planteó la posibilidad de que los mayores sufran la misma dependencia tecnológica.
Josep Martí Blanch afirma que la contradicción entre dos ministros respecto a la crisis de Ceuta demuestra que uno miente, resultando insostenible que ambos digan la verdad. La situación obliga a que el responsable de la falsedad asuma el coste político.
