SER Podcast
Nadie discute que la democracia tiene que regenerarse y que parte de la ecuación incluye a los medios de comunicación. Una democracia no puede funcionar sin opinión pública informada y eso requiere de medidas legales que la garanticen y las que hay ahora no sirven. Estamos en el siglo XXI y el problema requiere de consensos, no con textos como el que se debatió este miércoles en el Congreso. No es una cuestión de transparencia de la propiedad de los medios, que también, pero tiene que ver con la comercialización del tráfico de datos, de los sesgos algorítmicos, pero especialmente no puede arrancar de una motivación política tan personal que involucre al presidente porque impide la objetividad.
Si todo el mundo actuara como hacen esos corruptos capaces de arramblar con dinero público, incluso en circunstancias tan terribles como una pandemia, el sistema entero se derrumbaría. La mayoría de los ciudadanos no robamos, no nos lucramos con el dinero de todos ni violamos leyes claramente establecidas. Sea por convicción o por miedo a las consecuencias de nuestros actos, la inmensa mayoría nos esforzamos por salir adelante sin transgredirlas normas. Con lo que ha costado conquistar la soberanía popular, desaisnos de regímenes injustos y autoritarios y que los que nos gobiernan sean escogidos entre nosotros.
Pasa el tiempo y nos enfrentamos de nuevo con la corrupción política de siempre. Hablo en este caso del informe de la UCO sobre Santos Cerdán y las contrataciones públicas del Gobierno de Navarra de la mano de una importante empresa de este país, pero hablo también de lo ocurrido en una Diputación Provincial presidida por el PP y de tantos y tantos casos, algunos conocidos, otros no tanto que se van acumulando. Y lamentablemente la impresión es que no parece que haya forma de escapar de ellos o no parece, quizá, esto es lo más grave, que haya una auténtica voluntad en la clase política de acabar de una vez con todas estas corruptelas.
Xavier Vidal-Folch reflexiona sobre la petición del fiscal de 24 años de cárcel contra José Luis Ábalos, ex secretario de organización del PSOE; y por la excarcelación de su sucesor en el mismo cargo, Santos Cerdán