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Nadie discute que la democracia tiene que regenerarse y que parte de la ecuación incluye a los medios de comunicación. Una democracia no puede funcionar sin opinión pública informada y eso requiere de medidas legales que la garanticen y las que hay ahora no sirven. Estamos en el siglo XXI y el problema requiere de consensos, no con textos como el que se debatió este miércoles en el Congreso. No es una cuestión de transparencia de la propiedad de los medios, que también, pero tiene que ver con la comercialización del tráfico de datos, de los sesgos algorítmicos, pero especialmente no puede arrancar de una motivación política tan personal que involucre al presidente porque impide la objetividad.
Durante su análisis sobre la emergencia migratoria, Cristina Monge ha situado el foco de atención directamente sobre el drama humano que se vive en la frontera de Ceuta. Monge ha insistido en que el aspecto más alarmante de esta crisis radica en la absoluta falta de expectativas de futuro que sufren los migrantes en sus lugares de origen.
Carmen Lumbierres califica de casualidad y extraño que el Gobierno de Ayuso adquiera un ático residencial en Chamberí meses antes de desalojar Sol por unas obras estructurales de las que no constan licencias ni adjudicaciones. Además, Lumbierres critica que no figure rastro alguno de la compraventa en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
Josep Martí Blanch defiende que los habitantes de las grandes ciudades deben alzar la voz para evitar que sus barrios se destruyan. Advierte del peligro de que la gentrificación y el turismo descontrolado transformen los núcleos urbanos en meros escenarios comerciales. Su conclusión es clara: las ciudades deben seguir siendo espacios habitables para sus vecinos en lugar de convertirse en parques temáticos.
