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La oposición a la soberanía fiscal catalana acaba de unir a sus filas a otro disidente de izquierdas: el portavoz económico de Sumar Carlos Martín Urriza. El acuerdo conduciría a un sistema menos retributivo; no amplía el estado federal, sino que lo debilita. Es contrario al principio de equidad y perjudica a la clase trabajadora. Con estos mimbres se irá el jueves al debate de investidura, siempre y cuando el prófugo Puigdemont no monte una performance.
Si todo el mundo actuara como hacen esos corruptos capaces de arramblar con dinero público, incluso en circunstancias tan terribles como una pandemia, el sistema entero se derrumbaría. La mayoría de los ciudadanos no robamos, no nos lucramos con el dinero de todos ni violamos leyes claramente establecidas. Sea por convicción o por miedo a las consecuencias de nuestros actos, la inmensa mayoría nos esforzamos por salir adelante sin transgredirlas normas. Con lo que ha costado conquistar la soberanía popular, desaisnos de regímenes injustos y autoritarios y que los que nos gobiernan sean escogidos entre nosotros.
Pasa el tiempo y nos enfrentamos de nuevo con la corrupción política de siempre. Hablo en este caso del informe de la UCO sobre Santos Cerdán y las contrataciones públicas del Gobierno de Navarra de la mano de una importante empresa de este país, pero hablo también de lo ocurrido en una Diputación Provincial presidida por el PP y de tantos y tantos casos, algunos conocidos, otros no tanto que se van acumulando. Y lamentablemente la impresión es que no parece que haya forma de escapar de ellos o no parece, quizá, esto es lo más grave, que haya una auténtica voluntad en la clase política de acabar de una vez con todas estas corruptelas.
Xavier Vidal-Folch reflexiona sobre la petición del fiscal de 24 años de cárcel contra José Luis Ábalos, ex secretario de organización del PSOE; y por la excarcelación de su sucesor en el mismo cargo, Santos Cerdán